Posteado por: Cucha Independentista | 19 mayo 2009

La criminalización de la honradez

por Carlo Frabetti

No sigo, ni he seguido nunca, consignas de ETA ni de Batasuna. En más de una ocasión he manifestado, públicamente y por escrito, mi rechazo a atentados de ETA, calificándolos de éticamente inadmisibles y políticamente absurdos. Y me consta que las personas más significadas -y más criminalizadas- de Iniciativa Internacionalista comparten mis opiniones y mi independencia de pensamiento y actuación.

Conozco bien la obra y las ideas de Alfonso Sastre, que me honra con su amistad. Y no sé de nadie que haya defendido con mayor entereza la causa de la verdad y la justicia sin más armas que las palabras. Por lo que respecta a su participación en Iniciativa Internacionalista, fui yo mismo quien le habló por primera vez del proyecto y de la posibilidad de que encabezara nuestra candidatura al Parlamento Europeo. Miente quien diga, desde el poder o desde los medios de comunicación, que Sastre sigue otros dictados que no sean los de su conciencia.

No soy ni he sido nunca militante de Corriente Roja, la formación liderada por Ángeles Maestro, pero coincido básicamente con sus planteamientos y me une a ella una estrecha amistad. En lo que va de siglo, hemos librado juntos muchas batallas políticas y juntos hemos participado en numerosos foros y debates, y puedo garantizar que Maestro no solo no sigue consignas de Batasuna, y mucho menos de ETA, sino que siempre ha sido -como yo mismo- sumamente crítica con los nacionalismos beligerantes, que solo tienen sentido como respuesta a una agresión o a una negación de soberanía. Y me consta su total rechazo de los atentados sangrientos. 

Mi trato personal con Doris Benegas, número dos de la candidatura, ha sido escaso; pero he seguido con atención su trayectoria política y la considero ejemplar.

Gloria Berrocal, otra de las candidatas más conocidas, es una vieja amiga con la que he colaborado tanto en programas de radio y televisión como en actividades políticas y culturales de todo tipo. Siempre se ha mostrado inequívocamente contraria al derramamiento de sangre.

Con la actriz Alicia Hermida y su compañero, el dramaturgo Jaime Losada, también candidatos al Parlamento Europeo por II-SP, no tengo una relación estrecha; pero su andadura profesional es sobradamente conocida, y no creo que nadie en su sano juicio se atreva a relacionarlos con ETA.

En cuanto a las personas que, como yo mismo, apoyan la candidatura sin estar en ella, quiero destacar la presencia del filósofo y escritor Santiago Alba Rico (autor de un artículo titulado Sin ETA lucharíamos mejor), el maestro de periodistas Antonio Álvarez Solís, la bibliotecaria Blanca Calvo (ex alcaldesa de Guadalajara y ex consejera de cultura de Castilla-La Mancha), el actor Vicente Cuesta, mis colegas Ricardo Gómez y Gonzalo Moure (galardonados autores de literatura infantil), el humorista gráfico Kalvellido, la escritora y periodista Montserrat Ponsa, el músico Antonio Resines, el escritor y catedrático jubilado Vicente Romano, la escritora y artista plástica Sara Rosenberg, el filósofo Javier Sádaba, el escritor Andrés Sorel, el musicólogo y periodista Carlos Tena, el pintor y humorista Andrés Vázquez de Sola… A todos ellos y ellas los conozco personalmente, y a la mayoría los cuento entre mis amigos y los he oído manifestarse contra el derramamiento de sangre.

¿Por qué, entonces, no hemos condenado públicamente a ETA? La respuesta que voy a dar es estrictamente personal, auque sé que muchas personas, dentro y fuera de II-SP, la suscribirían. He escrito numerosos artículos relativos a esta delicada cuestión (véase, por ejemplo, El significado de la condena, Rebelión, 22 3 08, www.rebelion.org/noticia.php?id=64959), y a continuación expondré una vez más, aunque de forma necesariamente resumida, mis argumentos:

En un Estado de derecho solo puede condenar un juez, y solo tras un juicio justo y un veredicto de culpabilidad. Cuando un particular o una organización “condenan” algo o a alguien, utilizan una fórmula improcedente y se arrogan una función que no les corresponde. Pero aun en el supuesto de que se hubiera consensuado una acepción extrajudicial del término y todo el mundo entendiera “condenar” en el sentido de rechazar o deplorar, ¿quién decide, y con qué criterio, qué es lo que hay que condenar y lo que no? Y, sobre todo, ¿quién tiene derecho a exigirle a nadie que condene algo públicamente? Como autor de literatura infantil y persona especialmente preocupada por el bienestar de los niños, nada me repugna tanto como la pedofilia. Pero si alguien me exigiera que condenara públicamente a un pedófilo o una trama de pornografía infantil, me negaría en redondo. Primero, porque no soy juez, y, segundo, porque, aun en el supuesto de que fueran oportunas -o tan siquiera lícitas- las “condenas” extrajudiciales, nadie tendría derecho a decirme a quién debo condenar y a quién no, ni en qué momento o circunstancia. La libertad de expresión empieza por la libertad de silencio.

Huelga señalar que todas estas aclaraciones serían innecesarias en un auténtico Estado de derecho, basado en la presunción de inocencia y en la separación de poderes. Pero nos encontramos exactamente en el caso contrario: una confabulación de poderes alrededor de una supuesta culpabilidad. Y ni siquiera supuesta: tanto Interior como los magistrados del Supremo tienen que saber que no somos una tapadera de ETA ni seguimos sus consignas; de lo contrario, no sería concebible que cinco de los dieciséis magistrados hubieran votado en contra de la anulación de nuestra candidatura. ¿Pretenden hacernos creer que un 30% de los magistrados del Tribunal Supremo están a favor de los proetarras? 

En realidad, lo que preocupa a los poderes establecidos es precisamente nuestra independencia. Es precisamente nuestra honradez lo que incita a criminalizarnos. Porque si siguiéramos consignas de ETA o de Batasuna, no habríamos obtenido el amplio respaldo y las numerosísimas muestras de apoyo que nos han llegado de todas partes, y eso es lo que nos hace peligrosos a los ojos del poder.
   
Personalmente, confío en que el Tribunal Constitucional no repita la bochornosa actuación del Supremo. Pero, aunque anulen nuestra candidatura, los pusilánimes y los corruptos no podrán pararnos. Somos más que ellos, y somos mejores. Y estamos cada vez más unidos.

 

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